El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), obtiene auto de formal acusación contra el exalcalde de Choloma (2014-2018), Leopoldo Crivelli, acusado de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y estafa , debido a irregularidades en el proceso de ejecución del proyecto denominado “Mercado El Ceibón” en Choloma, Cortés, donde se ubicarían más de 270 vendedores ambulantes, pero dicho inmueble nunca funcionó.
También se obtuvo auto de formal acusación contra Carlos Noe Ramírez Araque, expresidente ejecutivo del Banco Nacional de Desarrollo Agropecuario (Banadesa) y Raúl Antonio Herrera Rodríguez, exgerente fiduciario del banco agrícola.
Según la investigación, todo comenzó en 2015 cuando un grupo de al menos 270 vendedores ambulantes de Choloma necesitados de un espacio de trabajo digno fueron aprobados en una sesión de corporación municipal para construir un mercado, el cual sería conocido como “El Ceibón”. .
Así procedió este proyecto deseado por los inquilinos, sin embargo, todo fue un fraude luego de que el alcalde Crivelli junto al empresario Julio César Maldonado Hernández (también acusado por el MP) de la empresa SURCO gestionaron un crédito con BANADESA por 35 millones 600 mil lempiras ( donde hubo colusión por parte de las autoridades al no seguir los procedimientos establecidos), recurso que era administrado por la empresa SURCO sin ningún tipo de controles, la cual los utilizaba entre otros para gastos personales, pago de departamentos, transferencias privadas, tarjetas de crédito. pagos.
Al final se intentó justificar la obra con un edificio a medio construir, totalmente inhumano, sin condiciones dignas, de madera y muy precario, truncando así el sueño anhelado por los pequeños empresarios. Según el requerimiento fiscal presentado, el descaro fue tan grande que se realizó otro financiamiento en la empresa COFISA y el monto del préstamo alcanzó los cincuenta y cinco millones cuatrocientos veintiséis mil doscientos setenta y cinco lempiras (L 55.426.275,37), monto que ahora adeudan los vendedores sin opción de tener negocio propio, en un lugar adecuado, pero con la indignación e impotencia de ser incluidos como morosos en la central de riesgo y sin poder acceder a crédito de ningún tipo.
Luego de realizada la audiencia de declaración del imputado, un juez le impuso la medida de firmar en los tribunales cartas cada 15 días, prohibiéndole salir del país y permanecer bajo el cuidado y vigilancia de su abogado.