La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala ha desestimado de forma preliminar seis solicitudes de antejuicio presentadas contra diversos funcionarios públicos, entre ellos la fiscal general María Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana. Estas solicitudes fueron rechazadas sin entrar al fondo del asunto, es decir, sin analizar su contenido sustantivo, por considerar que carecían de fundamento jurídico y respondían a intereses políticos.
Una de las mociones fue interpuesta por el Ministerio Público (MP) contra la jueza Marjorie Azpurú, del Quinto Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Ambientales, por supuestas fallas en su función judicial. Sin embargo, la CSJ decidió que la acusación no cumplía con los requerimientos legales necesarios para avanzar con el antejuicio, por lo que fue rechazada sin trámite.
Otra solicitud fue promovida por la organización 48 Cantones de Totonicapán contra la fiscal general María Consuelo Porras y el juez Fredy Orellana. Los denunciantes acusaron a ambos de intentar obstaculizar la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo y su vicepresidenta Karin Herrera, alegando que sus acciones buscaban evitar que asumieran el cargo. Sin embargo, la CSJ consideró que la denuncia carecía de elementos jurídicos sólidos y tenía un trasfondo político, por lo que también fue rechazada sin entrar al fondo del asunto.
Estas determinaciones de la CSJ han provocado diferentes respuestas en la comunidad de Guatemala. Por una parte, ciertos grupos creen que la Corte procedió de manera adecuada al rechazar peticiones que no cumplían con los criterios legales, protegiendo de esta forma la autonomía del sistema judicial. Por otra parte, hay quienes ven estas decisiones como un resguardo a autoridades criticadas, lo cual podría parecer una falta de intención para indagar en posibles hechos de corrupción o abuso de autoridad.
Es crucial destacar que la desestimación inicial de una petición de antejuicio no significa la exoneración de los funcionarios involucrados, sino que simplemente refleja que, en ese instante, el tribunal considera que no hay pruebas suficientes para avanzar con la eliminación de la inmunidad y autorizar su investigación. Esto no evita que, posteriormente, nuevas pruebas o acusaciones puedan dar lugar a otras peticiones de antejuicio.
En este contexto, la sociedad guatemalteca continúa atenta al desempeño de las instituciones encargadas de la justicia y la lucha contra la corrupción. La transparencia, la imparcialidad y la eficacia del sistema judicial son fundamentales para fortalecer el estado de derecho y garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su posición o influencia, sean tratados con equidad ante la ley.
La reciente decisión de la CSJ subraya la importancia de contar con mecanismos legales sólidos y transparentes para la fiscalización de los funcionarios públicos. Es esencial que las denuncias sean evaluadas de manera objetiva y que se eviten los intereses políticos que puedan empañar la justicia. Solo así se podrá avanzar hacia una Guatemala más justa y democrática, en la que la justicia sea accesible y efectiva para todos.
