La presidenta hondureña, Xiomara Castro, anunció en la televisión nacional un ambicioso «megaplan» que incluye al menos 14 medidas para hacer frente a la creciente ola de criminalidad que azota al país. El plan, elaborado conjuntamente con el Consejo de Defensa y Seguridad que preside Castro, pretende implementar «acciones radicales como parte de un plan para solucionar el problema de la criminalidad».
En su discurso, la mandataria llamó a todas las entidades del sistema de justicia a «planificar y ejecutar de inmediato intervenciones en los municipios con mayores índices de criminalidad». Los delitos que se abordarán incluyen sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociaciones ilícitas y lavado de dinero, actividades que Castro dice son cometidas por «masas, bandas y bandas del crimen organizado».
El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, anunció que se ordenó la captura inmediata de los líderes y miembros de estas estructuras criminales. Esta medida tiene como objetivo desmantelar organizaciones que siembran el miedo en muchas comunidades hondureñas.
Una de las propuestas más destacadas del plan es la construcción inmediata de un Centro de Detención Temporal (CRE) en un despoblado entre los departamentos de Gracias y Dios y Olancho. El nuevo centro, que tendrá una capacidad para 20.000 personas, se utilizará para el traslado de presos de otros centros que fueron procesados por los delitos mencionados. Además, se planea construir una prisión de máxima seguridad en la Isla del Cisne en el Mar Caribe en Honduras para fortalecer el sistema penitenciario del país.
Para llevar a cabo estas acciones, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunció que serían necesarias reformas al código penal. Se propondrá clasificar como «terroristas» a los pandilleros que cometan delitos graves. Estas reformas también incluirán penas más severas para quienes ataquen la vida y la integridad de los actores de seguridad y justicia.
Redondo también mencionó que el Congreso discutirá la normativa que regula la venta de tarjetas SIM de teléfonos móviles y reformará la Ley del Banco Central. Estas actividades tienen como objetivo controlar las transacciones electrónicas, que a menudo se utilizan en actividades delictivas como la extorsión.
Otra medida que se está considerando es la introducción de brazaletes electrónicos y otros dispositivos técnicos para supervisar a los acusados en libertad condicional. Esta estrategia tiene como objetivo mejorar el seguimiento y control de las personas en libertad condicional, aumentando así la seguridad pública.
A pesar de la magnitud de estas acciones, hasta el momento no ha habido pronunciamientos de organizaciones de derechos humanos o de protección ambiental sobre las acciones anunciadas por el gobierno. La falta de comentarios puede reflejar la tensión entre la necesidad de seguridad y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Es importante recordar que en noviembre de 2022, el presidente Castro ya había declarado una emergencia de seguridad nacional, lanzando lo que llamó una “guerra contra la extorsión”. La declaración se produjo en el contexto de una crisis de seguridad marcada por hechos trágicos como el motín carcelario que dejó 46 mujeres muertas.
El nuevo «mega plan» es un esfuerzo significativo del gobierno hondureño para abordar el aumento de la violencia y el crimen. Sin embargo, su éxito dependerá de la implementación efectiva de estas acciones y de la cooperación entre los diferentes sectores de la sociedad. La lucha contra el crimen organizado es un desafío complejo que requiere no sólo una acción decisiva, sino también un enfoque integral que aborde las causas profundas de la violencia en el país.
