La caída de Juan Orlando Hernández

Sus oponentes lo acusaron de tener un poder absoluto, sus seguidores apenas lo reverencian, hoy Juan Orlando Hernández ha pasado de lo más alto del poder a luchar por no pasar el resto de su vida en una prisión en EE.UU.

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, enfrenta un juicio en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y posesión de armas, lo que podría llevarlo a pasar el resto de su vida tras las rejas. El juicio de JOH comienza el 12 de febrero en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Juan Orlando Hernández Fue el décimo presidente de Honduras, desde la constitución de 1982.

Su carrera política comenzó en 1998, cuando fue elegido diputado por el departamento de Lempira para representarlos en el Congreso Nacional de Honduras.

Fue reelegido en varias ocasiones y llegó a ser presidente del Congreso entre 2010 y 2013.

En 2013 ganó las elecciones presidenciales Partido Nacional de Honduras y asumió la presidencia el 27 de enero de 2014.

En 2017 se postuló para la reelección, a pesar de la controversia constitucional, y fue declarado ganador por el Tribunal Supremo Electoral, en medio de acusaciones de fraude y protestas de la oposición.

Su segundo mandato finalizó el 27 de enero de 2022, tras entregar el poder a Xiomara Castro, la primera mujer presidenta de Honduras.

Durante sus mandatos, que se extendieron por dos períodos consecutivos, se presentó como un líder firme y decidido a combatir el narcotráfico y la corrupción.

Sin embargo, su imagen se vio gravemente afectada por acusaciones de fraude electoral, violación de la constitución, represión de protestas sociales y vínculos con el crimen organizado.

Su hermano, Juan Antonio Hernández, fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por tráfico de drogas, y el propio Juan Orlando Hernández fue identificado como cómplice y solicitado en extradición por la justicia estadounidense.

Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, fue arrestado el 15 de febrero de 2024 y extraditado el 21 de abril de 2024, luego de que la justicia hondureña aprobara su entrega a las autoridades estadounidenses.

Según la acusación, Hernández participó en el envío de más de 500.000 kilogramos de cocaína desde Honduras a Estados Unidos, en complicidad con cárteles de la droga, políticos, militares y policías corruptos.

Además, se le acusa de haber recibido sobornos millonarios para financiar sus campañas electorales y de haber utilizado armas de alto calibre para proteger sus actividades ilícitas.

Hernández ha negado todas las acusaciones y ha sostenido que se trata de persecución política y venganza por parte de los narcotraficantes contra lo que combatió durante su gobierno.

El 15 de febrero de 2022, Hernández fue detenido por la Policía Nacional de Honduras, en coordinación con la DEA de EE.UUquien lo solicitó por cargos de tráfico de drogas y tenencia de armas.

El 17 de marzo de 2022, un juez de la Corte Suprema de Justicia de Honduras aprobó su extradición, tras rechazar un recurso de amparo presentado por su defensa.

El 21 de abril de 2022, Hernández fue entregado a agentes de la DEA y trasladado en helicóptero al aeropuerto de Tegucigalpa, desde donde viajó a Estados Unidos bajo custodia.

Inicialmente, el juicio en su contra estaba previsto para el 18 de septiembre de 2022. Finalmente, y tras varios aplazamientos, se acuerda la fecha de inicio de su juicio para el 12 de diciembre de 2024.

La acusación de narcotráfico y tenencia de armas contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH), ha generado un gran impacto político y social en el país.

Una profunda crisis de legitimidad y credibilidad de las instituciones públicas, especialmente el poder judicial, el poder legislativo, el poder electoral, la policía y el ejército, que fueron acusados ​​de servir a los intereses de JOH y los cárteles de la droga. .

Una fuerte movilización social y ciudadana, que ha exigido justicia, transparencia, rendición de cuentas y reformas estructurales para combatir la corrupción, la impunidad y el autoritarismo que caracterizaron al gobierno de JOH.

Una reconfiguración del escenario político, que ha revelado las divisiones y fracturas internas de los partidos tradicionales, especialmente el Partido Nacional, que gobernó con JOH, y que abrió espacios para que Libre llegara al poder.

Mayor presión y vigilancia internacional, especialmente de Estados Unidos, que ha condicionado su cooperación y asistencia a Honduras al cumplimiento de compromisos de lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento del Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente.

El juicio contra JOH ha generado diversas estrategias de defensa y cambios legales por parte de los involucrados. Algunos de estos son:

La última fue la incorporación de un nuevo abogado, Renato Stabile, quien aboga por la separación del proceso de JOH del de su coacusado, el ex general Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, alegando que sus intereses son contrarios y que las pruebas presentadas contra Bonilla podría perjudicar a JOH

La solicitud de acceso a información clasificada sobre operaciones antidrogas de Estados Unidos en Honduras, así como la identificación de altos funcionarios presuntamente involucrados, de conformidad con la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA), con el fin de cuestionar la credibilidad y motivación de las Testigos cooperantes de la Fiscalía.

La presentación de un cuestionario escrito para el jurado, con el fin de salvaguardar el derecho de JOH a un jurado imparcial y libre de prejuicios inadmisibles, dado el amplio interés mediático y la complejidad del caso, que abordará temas sensibles como el narcotráfico, la violencia de las pandillas. , la corrupción y la crisis migratoria en Honduras y Estados Unidos.

Incluso llegué a solicitar la destitución de su abogado, Raymond Colon, por problemas de salud, y la búsqueda de otro abogado en Honduras, para poder citar a testigos en el país y comunicarse con ellos, ya que JOH alega que no ha podido hacerlo debido a las restricciones impuestas por el Tribunal.

El testimonio de su hermano, Juan Antonio Hernández, quien fue condenado a cadena perpetua en 2021 por los mismos delitos, y que habría implicado a Juan Orlando Hernández en la conspiración para traficar cocaína a cambio de protección política y militar.

El testimonio de Geovanny Fuentes Ramírez, un narcotraficante hondureño que fue condenado a cadena perpetua en 2021, y que habría declarado que Juan Orlando Hernández le pidió un soborno de un millón de dólares para financiar su campaña electoral, y que se ofreció a utilizarlo las fuerzas de seguridad del Estado para facilitar sus operaciones antidrogas.

El testimonio de otros cooperantes, como Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder del cártel de Los Cachiros, y Víctor Hugo Díaz Morales, alias El Rojo, quienes habrían afirmado que Juan Orlando Hernández recibía dinero del narcotráfico y que les garantizaba impunidad y apoyo institucional.

Evidencias físicas, como grabaciones de audio y video, documentos, registros financieros, armas, drogas y otros objetos que demostrarían la participación de Juan Orlando Hernández en el envío de más de 500.000 kilogramos de cocaína desde Honduras a Estados Unidos, en complicidad con cárteles de la droga, políticos, militares y policías corruptos

El 23 de enero de 2024, el juez Kevin Castel reprogramó el inicio del juicio del 5 de febrero al 12 de febrero de 2024, luego de que los abogados de JOH alegaran que no habían podido revisar todas las pruebas presentadas por la Fiscalía.

El pasado 3 de febrero el expolicía Mauricio Hernández, acusado de narcotráfico por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se declaró culpable ante el juicio que se celebrará el 12 de febrero de 2024 junto a Juan Orlando Hernández y Juan Carlos “El Tigre”. Bonilla.

El hondureño compareció este viernes a una audiencia de declaración de culpabilidad “celebrada ante el juez de primera instancia Robert W. Lehrburger”.

Tras conocer la estrategia de Mauricio Hernández, la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández presentó un moción con el que busca interrogar a los ciudadanos que conformarán el jurado de su juicio previsto para el 12 de febrero.

“El acusado Juan Orlando Hernández presenta respetuosamente este memorando de ley en apoyo de su moción para que se presente un cuestionario escrito al jurado. «El cuestionario del jurado adaptado a las necesidades específicas de este caso es esencial para descartar cualquier sesgo entre los posibles miembros del jurado y garantizar un jurado justo e imparcial», afirma el escrito.

El juicio contra JOH ha generado diversas implicaciones y reacciones a nivel internacional. Entre ellos está que existe una mayor atención y preocupación por la situación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en Honduras, donde se han reportado graves violaciones, represión, corrupción e impunidad durante el gobierno de JOH.

Además, existe una mayor presión y cooperación de Estados Unidos con Honduras para combatir el narcotráfico, la violencia y la pobreza, que son factores que impulsan la migración irregular hacia el norte, así como para apoyar el desarrollo económico y social del país.

También hay una mayor atención y preocupación por la situación de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho en Honduras, donde se han reportado graves violaciones, represión, corrupción e impunidad durante el gobierno de JOH.

Mayor presión y cooperación de Estados Unidos con Honduras para combatir el narcotráfico, la violencia y la pobreza, que son factores que impulsan la migración irregular hacia el norte, así como para apoyar el desarrollo económico y social del país.