El consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, presentó dos denuncias penales ante el Ministerio Público en contra de las también consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, por presuntos delitos de prevaricato administrativo, usurpación de funciones y violaciones a la Ley Electoral. La acción legal se enmarca en el contexto de una agria disputa interna por la implementación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), de cara a las elecciones generales previstas para noviembre de 2025.
Ochoa sostiene que las funcionarias realizaron cambios importantes del proceso de licitación del TREP de forma unilateral, sin disponer de una resolución avalada por el pleno del organismo electoral. De acuerdo con el consejero, esta decisión fue hecha sin el conocimiento del conjunto colegiado y busca reintroducir mecanismos de intervención humana que ya se habían eliminado previamente debido a su historial de controversias en elecciones anteriores.
La modificación cuestionada se refiere a la inclusión de una “verificación humana” en la transmisión de datos preliminares, lo cual, según Ochoa, representa un retroceso en materia de transparencia. Sostiene que ese tipo de intervención manual fue parte de prácticas que generaron sospechas de fraude en comicios anteriores, particularmente en los procesos de 2013 y 2017.
En su acusación, Ochoa asegura que las dos consejeras procedieron de manera ilegal al prolongar plazos e incorporar modificaciones sin el visto bueno del pleno, infringiendo lo estipulado en la Ley Electoral. Indicó que la obligación directa en la adjudicación del TREP es de todo el cuerpo colegiado del CNE y que ninguna consejera posee autoridad para tomar decisiones administrativas de tal magnitud de manera unilateral.
La reacción de las denunciadas no se hizo esperar. Cossette López, presidenta del CNE, defendió la legalidad de la modificación realizada al pliego de condiciones del sistema de conteo preliminar y acusó a Ochoa de intentar bloquear el proceso de licitación. Sostuvo que el CNE tiene la facultad legal para implementar procesos de verificación de datos, sin que esto represente una violación de las normas vigentes.
Por su parte, Ana Paola Hall lamentó el giro judicial que ha tomado el conflicto y señaló que la denuncia no tiene sustento jurídico. Afirmó que las decisiones tomadas fueron en cumplimiento de sus responsabilidades como funcionarias electorales y bajo los marcos legales correspondientes.
El enfrentamiento entre los tres consejeros se suma a la tensión creciente dentro del CNE, agudizada recientemente por la toma de sus instalaciones por parte de simpatizantes del partido oficialista, quienes bloquearon la entrega de ofertas para el TREP. Esta acción, respaldada indirectamente por sectores afines a Ochoa, generó fuertes críticas por parte de la oposición y de observadores nacionales, al considerar que atenta contra la institucionalidad del proceso electoral.
En medio de este ambiente de crispación, el Ministerio Público deberá evaluar si procede con una investigación penal formal contra las consejeras denunciadas. De ser así, el caso podría convertirse en un precedente sin parangón en la historia electoral del país, abriendo un proceso judicial en plena antesala de un año electoral.
El Congreso Nacional, por su parte, convocó a una comparecencia especial de los miembros del CNE para esclarecer los hechos y brindar explicaciones sobre el manejo de los procedimientos internos, incluyendo el desarrollo del sistema TREP, pieza clave para garantizar la transparencia en la transmisión de resultados preliminares.
Con las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre de 2025, el ambiente en el órgano electoral se muestra cada vez más tenso y fragmentado. La disputa interna podría impactar negativamente en la percepción ciudadana sobre la legitimidad del proceso, mientras persisten los llamados de diversos sectores para que se garantice un proceso electoral íntegro, imparcial y basado en normas claras y consensuadas.
